sábado, 17 de octubre de 2009

Golpe de Estado en Honduras

El Congreso de Honduras nombra a otro presidente tras el golpe de Estado


En 2006, Manuel Zelaya se convirtió en el jefe del Estado de Honduras al alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas ese año. Tres años después, su proyecto de una reforma constitucional —previa consulta popular— que le permita aspirar a un segundo mandato parece haberle costado el puesto.

En una acción que puede ser calificada de golpe de Estado cívico-militar, un grupo de soldados detuvo, a primera hora del domingo, al jefe del Estado en el Palacio Presidencial y lo deportó a Costa Rica, donde el mandatario fue acogido por su homólogo, Óscar Arias.

Por la tarde, el Congreso Nacional destituyó del cargo a Zelaya por incurrir en "reiteradas violaciones" de la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales, y nombró al presidente de la Cámara, Roberto Micheletti Bain, como nuevo jefe del Estado.

El nuevo mandatario de Honduras, Roberto Micheletti, ha asegurado que no llega a la presidencia "bajo la ignominia de un golpe de Estado".

"Llego a la presidencia como producto de un proceso de transición absolutamente legal", indicó Micheletti, durante el acto de juramento en sesión extraordinaria en el Parlamento unicameral hondureño.

El nuevo presidente aseguró que asume las funciones de la Presidencia "en el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución" y "con profunda convicción democrática".

Lo primero que hizo Micheletti fue aprobar el informe elaborado por una comisión especial nombrada el pasado jueves para investigar las actuaciones del gobernante, y luego la resolución de su separación.

La comisión estableció que Zelaya incurrió en violaciones durante el proceso que pretendía culminar precisamente hoy (domingo) con una consulta promovida por él para instalar una Asamblea Constituyente que reformara la actual Constitución, vigente desde 1982, o emitir una nueva.

Según la resolución adoptada, Zelaya incumplió o desconoció mandatos de la justicia ordinaria y electoral, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Procuraduría General y otros órganos del Estado, que declararon ilegal la consulta.

Manuel Zelaya. Tras la lectura del informe, el secretario del Parlamento presentó el decreto de separación de Zelaya, que fue aprobado de inmediato por los diputados.

Una falsa carta de renuncia de Zelaya —desmentida por su supuesto autor—, dirigida a Micheletti, fue discutida en la sesión celebrada en el Palacio Legislativo de Tegucigalpa. En ella se citan supuestos "problemas insuperables de salud" que habría esgrimido por Zelaya para presentar su (inexistente) renuncia "junto con la del gabinete de Gobierno".

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